Aunque esta nota tiene un poco de tintes políticos, está estrechamente relacionada con cuestiones tecnológicas y de interés general que nos atañen y afectan a todos en el mundo. ¿Por qué? Simple, ¿alguna vez, estimado lector, has sacado una copia fotostática de un libro, visto un video en Youtube, copiado un poema contemporáneo, re-twiteado una cita, compartido una foto de alguien mas por correo o Facebook, escuchado o visto una letra de canción por Internet? Si la respuesta es sí, entonces ésto te interesa.
Comencemos con un poco de historia, el Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) o Acuerdo comercial anti-falsificación es una propuesta para un acuerdo comercial plurilateral, según sus promotores, en respuesta al “incremento de los bienes falsificados y obras protegidas por copyright pirateadas en el mercado global”. Su título se refiere a falsificaciones en bienes físicos como zapatos o medicamentos, pero sustancialmente trata de la regulación de Internet y las tecnologías de información.
En general, el tratado tiene como fin una autoritaria supervisión de las actividades en el Internet, desde conocer cada página que ves y el tiempo que tardas en revisarla, hasta tener el poder de quitarte tu conexión a Internet por acusaciones relacionadas con falsificación pero sin comprobación. Éste se ha planteado por EU buscando llevarlo a un nivel internacional. El problema mayor, en México y en todos los integrantes de acuerdo, es que se ha manejado por debajo del agua, sin que nos podamos enterar de lo que sucede.
Se plantea un control totalitario sobre el contenido que bajemos de Internet: De igual manera que en el aborto de ley de Francia en el que si encontraban 3 indicios que “presuman” (o sea, ni siquiera comprobables) has bajado música “ilegal”, perderías tu derecho a Internet, te cortarían tu acceso y no podrías contratar otro servicio.
El control que éste documento busca, llega incluso al grado en el que en las aduanas deberá existir la obligación de mostrar tu Ipod para que sea analizado y, en caso de que se encuentre contenido “ilegal”, podría ser confiscado con el pretexto de que al tenerse dicha índole de información, el reproductor es ilegal.
Como muestra a lo absurdo de ésto, un pequeño resumen de un caso que ocurrió recientemente en Suiza:
En marzo de 2011, el departamento de TI de una escuela de Gotemburgo investigaba el tema de un virus que al parecer llegó desde la computadora de un estudiante. Durante un examen minucioso el personal de TI encontró que el estudiante tenía 24 películas de Hollywood almacenadas en su disco duro. El joven de 15 años, habían obtenido las películas a partir de dos sitios de torrents suecos – tankafetast.se y tankaner.se. En última instancia, la profesora en jefe de la escuela supo del descubrimiento por los técnicos de TI, pero en lugar de tratar el tema de la casa, optó por intensificar el tema – llamando a la policía. Ahora, cinco meses después de los hechos, el joven está siendo juzgado en Suecia.
TorrentFreak.com, agosto 24 de 2011
Afortunadamente éste asunto tuvo un buen desenlace:
Ante el juez Tove Klackenberg de la Corte del Distrito de Gotemburgo, el acusado admitió la descarga de 24 películas de Hollywood desde dos sitios torrent tankafetast.se y tankaner.se, pero afirmó que él no sabía que al mismo tiempo cargaba el material para otros usuarios de BitTorrent.
Dos de los jueces encontraron que el chico de 15 años de edad había hecho ésto por negligencia, pero no intencional y maliciosamente, el punto de referencia necesario para una condena. Como resultado, el chico fue absuelto.
TorrentFreak.com, agosto 30 de 2011
Lo anterior es la muestra más reciente, pero no la única, de lo que las instituciones para la protección de los derechos de autor están dispuestas a hacer para defender sus intereses. Lamentablemente, éste acuerdo no es para defender los derechos de los creadores, lo cual es justo, sino para defender las ganancias de la industria del copyright. En resumen, defender el derecho de pocos contra los de muchos.
Muchas voces se han levantado en contra del ACTA, ya que al parecer violará las garantías individuales además de la libertad de expresión, una de esas voces es la del abogado León Felipe Sánchez, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien es casi un activista sobre el tema.
Las posturas planteadas han sido diversas. ¿El punto en común? El respeto al derecho de autor. ¿Los puntos de encuentro?
- La maniobra forzada para hacer prevalecer el derecho de pocos por sobre el derecho de muchos.
- La disminución de derechos ciudadanos como precio por preservar una industria cuyo modelo de negocio ha caducado y cuyos productos, a los que menos benefician, es a los autores.
- El atentado contra derechos fundamentales como herramienta de protección a un sector cuya creatividad, que tanto argumenta que impulsa y fomenta un tratado como ACTA, no ha dado para idear un nuevo modelo de negocio que sea capaz de adaptarse a los nuevos hábitos de sus propios consumidores.
- La evidente ausencia de representación, la parcialidad de las autoridades negociadoras y la falta de transparencia que tanto criticaban y que ahora practican a la perfección.
Reitero, el derecho de autor se debe proteger. Pero no a costa de sacrificar los derechos que durante más de cien años hemos tenido los ciudadanos. No se debe olvidar que el derecho de autor nace como una excepción a los monopolios y como un privilegio temporal a favor de los creadores. Así como nació, puede morirse. Actualicémoslo. No lo matemos. Entendamos que la solución y garantía de supervivencia del derecho de autor está en lo comercial, por un lado, pero esencialmente la encontraremos en una re conceptualización, total, de sus fundamentos, la forma de entenderlo y la forma de gestionarlo. En una frase: El derecho de autor es un anciano de más de 200 años que debe renovarse o estará condenado a morir.
León Felipe Sánchez, junio 22 de 2011
Este video anónimo subido a Youtube explica de manera más didáctica el asunto.
Ahora bien, sabiendo el contexto nos situamos en el tema central de la nota. El pasado 6 de septiembre, el Senado de la República demandó al presidente de México no suscribir el Acuerdo Comercial Antifalsificaciones (ACTA) porque sus disposiciones jurídicas atentan contra los derechos reconocidos en la Constitución, limitan el uso de Internet, censuran sus contenidos y restringen y obligan a los proveedores del servicio a denunciar su eventual mal uso, lo que vulneraría la presunción de inocencia, garantizada en la Carta Magna.
Todos los grupos parlamentarios coincidieron en que dicho acuerdo tuvo una falla de origen, ya que las dependencias del gobierno federal que lo negociaron violaron la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia de Economía al no informar oportunamente al Senado
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El priísta Eloy Cantú Segovia advirtió que el ACTA podría derivar en censura a los contenidos de Internet y, en consecuencia, en restricción a la libertad de funcionamiento y neutralidad que el mismo debe tener, poniendo en riesgo, además del desarrollo legítimo del comercio electrónico, la creatividad digital y la legítima difusión cultural”.
En tanto, el senador perredista Carlos Sotelo resaltó que perseguir la actividad que los usuarios lleven a cabo en Internet, sin orden previa de autoridad judicial, conduciría a una violación flagrante del artículo sexto constitucional, que consagra el derecho a la información y la obligación del Estado a garantizarlo
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La panista Beatriz Zavala manifestó que es muy claro que el Acta va contra las garantías individuales, no sólo de la privacidad, sino de las leyes que consagran primero la inocencia antes de que se compruebe la culpabilidad. Es muy riesgoso
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Francisco Javier Castellón Fonseca resaltó que “este acuerdo se empezó a debatir de manera secreta entre los negociadores del Ejecutivo. El tema fue descubierto por ciudadanos que nos informaron por medio de las filtraciones de Wikileaks, y también nos hicieron llegar una copia del borrador que se negociaba”.
Lo bueno para nosotros, usuarios de Internet y que muchas veces compartimos información con derechos de autor en la red, es que en México parece ser que se está dando marcha atrás a este injusto y perjudicial acuerdo que le quitará a Internet su principal razón de ser, compartir información entre todos.
Vía La Jornada en línea.
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